Los usuarios podrán registrar su empresa por medio del uso de la declaración jurada. Trámite se realiza de forma digital, es gratuito y voluntario. Actualización de variables en la fórmula de cálculo, permitirá que empresas previamente no consideradas como pyme, puedan hacerlo en el marco de la ley 8282. Como parte de las acciones en simplificación de trámites y en el marco del decreto ejecutivo Nº 41795-MP-MEIC, las empresas que deseen registrarse como pyme, podrán hacerlo facilmente, por medio de una declaración jurada, -es decir-, sin necesidad de adjuntar los documentos que actualmente se solicitan, como son la última declaración de renta y el recibo del pago de la póliza de riesgos de trabajo. Para la solicitud del Registro Pyme, debe registrarse como usuario en  https://www.siec.go.cr y descargar el formulario, que funciona como declaración jurada. En el proceso de registro el sistema le pedirá que adjunte los comprobantes de los requisitos adicionales, para lo cual deberá adjuntar un documento en blanco, caso contrario el sistema no le dejará continuar. Si el usuario requiere una renovación del registro, debe realizar el mismo proceso y en caso de contar con firma digital, puede hacerlo en MEIC Directo: https://meicdirecto.bccr.fi.cr/sitio/MEICDirecto/Inicio. La solicitud de constancias pyme se realiza por medio de correo electrónico: : siec@meic.go.cr y una vez solicitada, el MEIC tiene tres días para el respectivo envío digital. “Fortalecer el uso de la declaración jurada es una acción prioritaria en el marco de la rectoría que ejerce el MEIC en materia de trámites y por ende,  promover su aplicación en el proceso del trámite para todas aquellas empresas que desean obtener la condición pyme; era fundamental para nosotros, y  se ajuste a las prioridades que hemos trazado en la Política Nacional de Empresariedad 2030, en el eje de clima de negocios. Esta acción también es vital en el marco de las acciones de la emergencia sanitaria, que buscan ser un apoyo para la reactivación económica, la generación de empleo fomento al emprendimiento y crecimiento económico”, dijo Victoria Hernández, ministra de Economía. Es importante destacar que le corresponderá a la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME),  la verificación posterior de los datos consignados en la declaración jurada, a fin de asegurar la veracidad de la información. En caso de que se confirme algún incumplimiento de los requisitos que dieron origen al otorgamiento de la condición pyme; según el debido proceso, se procederá con la revocatoria y se tomarán las medidas correspondientes que indica la ley. El registro es un trámite gratuito y voluntario. Cambio de formula para determinar el tamaño de una empresa La situación por la emergencia por la COVID-19, demanda adaptar los instrumentos de apoyo empresarial, para lograr  mayor impacto en la reactivación económica. En este sentido, los cambios que se realizaron incluyen una reforma en los valores de referencia de las variables que componen la fórmula para definir si la empresa es micro, pequeña o mediana.Estos valores implican una actualización en los datos de ventas netas, activos fijos y totales, así como la cantidad de empleados en los sectores de comercio y servicios. La principal variación para que la empresa califique como pyme, se presenta en el total de empleos en los sectores de comercio y servicios, pasando de un total de 30 a 100  empleados.. Para más información escribir a: siec@meic.go.cr

Instrumento permitirá estimular consumo nacional e internacional de artesanía costarricense y fomentar trabajo de emprendedores y Pymes artesanales. Iniciativa es liderada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, Ministerio de Cultura y Juventud, Instituto Nacional de Turismo e Instituto Nacional de Aprendizaje. Actualmente, 39 artesanos cuentan con el Sello COSTA RICA ARTESANAL.  

La OCDE destacó el importante esfuerzo del país al adoptar la Ley 9736, "Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”, que corrige una serie de limitaciones señaladas por la organización en evaluaciones previas. El Comité de Competencia de la OCDE dará seguimiento posterior a la adhesión del país a esta organización, con el objetivo de verificar la correcta implementación de las reformas. Según la OCDE, garantizar una mayor competencia en los mercados es fundamental para lograr un crecimiento económico y social mayor y más inclusivo en el país. El Presidente del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Frédéric Jenny, presentó este miércoles el Informe “Evaluación del Derecho y de la Política de Competencia de Costa Rica”, como resultado del examen al que se sometió el país el 3 de diciembre de 2019. Este es el segundo evento de presentación virtual de los informes de adhesión, organizados por la OCDE y el Gobierno de Costa Rica, tras concluir la etapa de evaluaciones técnicas del proceso de adhesión del país a esta Organización. El primero de estos eventos fue el lanzamiento del Estudio Económico sobre Costa Rica de la OCDE 2020, llevado a cabo el pasado 15 de julio. La OCDE comunicó a Costa Rica la aprobación del Comité de Competencia el 12 de febrero de 2020. Este fue el Comité número 19 en ser aprobado, de los 22 que requería el país para ser invitado por el Consejo de la OCDE para convertirse en el miembro número 38 de esta organización. La inauguración del evento estuvo a cargo de Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso de adhesión a la OCDE, y Antonio Gomes, Director Adjunto de la Dirección de Asuntos Financieros y Empresariales de la OCDE. Posterior a esto, Frédéric Jenny realizó la presentación del informe de la evaluación realizada por la organización. Seguidamente, Mariana Castro, Presidente de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), y Gilbert Camacho, Presidente a.i. del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), realizaron una presentación sobre los retos y las perspectivas a futuro de las autoridades de competencia de Costa Rica. El evento culminó con las palabras de Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio, quien confirmó el compromiso que ha adquirido el Gobierno con el fortalecimiento de las autoridades de competencia. El proceso de aprobación del Comité de Competencia se ha caracterizado por involucrar a un amplio sector de actores interesados, quienes participaron durante el proceso de redacción de la Ley 9736, "Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica" (en adelante Ley 9736) y su posterior discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa. Este evento de presentación de la evaluación no fue la excepción, al contar con la participación de miembros de los Supremos Poderes de la República, embajadores, académicos, representantes de las cámaras empresariales y representantes de la sociedad civil. La Ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, indicó que “La aprobación del Comité de Competencia fue un gran logro, fruto del trabajo coordinado de muchas instituciones nacionales, de manera conjunta con el equipo técnico de la OCDE y un amplio proceso de consulta con diversos actores interesados. Ahora nos corresponde aprovechar uno de los legados más importantes del proceso de adhesión para alcanzar una mayor prosperidad en beneficio de todos los ciudadanos”.   Por su parte, Victoria Hernández, Ministra de Economía Industria y Comercio expresó que “El Poder Ejecutivo reitera su compromiso con el fortalecimiento de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), y en esta fase de transición con la implementación de la reciente ley, que buscó remozar nuestra institucionalidad con nuevos instrumentos y herramientas para fomentar la competencia como una actividad fundamental del Estado, para un óptimo funcionamiento de los mercados y el bienestar de las personas”.   Cambios positivos y fortalezas En su presentación, Frédéric Jenny señaló que los recomendaciones del Comité de Competencia se centraron en cuatro ejes necesarios para una adecuada implementación de la política de competencia en Costa Rica: independencia y efectividad de la autoridad de competencia; recursos y procedimientos necesarios para el adecuado funcionamiento de la autoridad; reglas que protejan la competencia en todos los sectores del mercado; y cooperación internacional entre la autoridades de competencia nacionales y autoridades de competencia a nivel internacional. El informe destaca el importante esfuerzo de Costa Rica al aprobar la Ley 9736, que reformó significativamente el régimen de competencia del país, atendiendo las recomendaciones de la OCDE que requerían de una reforma legal. Además, señaló que uno de los principales aspectos que contribuyó a la aprobación del Comité de Competencia fue el plan de implementación detallado que presentaron Coprocom y Sutel durante la evaluación en diciembre de 2019. Dicho plan se divide en tres pilares: fortalecimiento regulatorio; fortalecimiento institucional y efectividad en la aplicación de la normativa. Cada uno de estos pilares contiene acciones concretas y fechas determinadas para llevarlas a cabo.   Camino por recorrer La OCDE señaló que, si bien la reforma legal adoptada toma medidas importantes hacia el fortalecimiento de las autoridades de competencia, no será sino hasta su implementación que se logren reflejar los cambios en beneficio de los agentes económicos y consumidores. Para ello, señala la necesidad de que se concreten acciones como el nombramiento de los comisionados a tiempo completo y dedicados a sus funciones de manera exclusiva, mediante el mecanismo de selección basado en un concurso público de antecedentes. Además, la OCDE señala la necesidad de garantizar la adecuada implementación de las medidas que permitan la independencia técnica, administrativa, política y financiera de la Coprocom. Respecto de este punto, destacaron la importancia de que esta autoridad cuente con los recursos humanos y financieros necesarios. En línea con lo anterior, la OCDE anunció que posterior a la adhesión del país a esta organización, el Comité de Competencia monitoreará periódicamente los avances del país con respecto al plan de implementación presentado por las autoridades de competencia. El Presidente del Comité señaló que se concentrarán en las recomendaciones realizadas en 2016 para mejorar la aplicación de la legislación de competencia, como por ejemplo mejorar la solidez del análisis económico de las autoridades; el uso de herramientas de investigación como las inspecciones sorpresa; además de la aplicación de las nuevas herramientas procedimentales. Durante el evento se enfatizó en la necesidad de continuar con la implementación de estas recomendaciones, sobre todo en un contexto post-Covid-19, que requerirá que el país acelere la ruta reformista en pos de una mayor productividad de los diferentes sectores, así como un mejor uso de los recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios de los entes públicos. En efecto, Frédéric Jenny fue enfático en indicar que un incremento en la competencia permitirá un crecimiento más acelerado en el país. Por último, destacó la importancia de que Costa Rica cuente con el apoyo de la OCDE durante la implementación de las reformas. Ruta hacia la implementación Mariana Castro Sotela señalo que “La aprobación de la nueva ley de competencia fue un paso fundamental para reforzar el marco regulatorio en esta materia y adaptarlo a las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, hasta que esta nueva ley no sea debidamente implementada, Costa Rica no va a contar con una política de competencia efectiva. Por lo anterior es que es fundamental que la COPROCOM cuente con los recursos económicos necesarios para poder llevar los beneficios de esta política hasta los consumidores. Todo lo cual, reviste de especial relevancia en estas épocas tan convulsas por las que pasamos, producto del COVID-19.” Por su parte, Gilbert Camacho, Presidente a.i. del Consejo de la SUTEL, manifestó  “Nos sentimos satisfechos del reconocimiento que hace la OCDE sobre la SUTEL como autoridad sectorial de competencia técnica e independiente. Avanzamos en el compromiso de continuar con las acciones para implementar de manera efectiva lo establecido en la Ley 9736; para promover la competencia y beneficiar a los usuarios finales de telecomunicaciones”. La OCDE tiene como misión la promoción de políticas dirigidas a mejorar el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo por medio de la adopción de las mejores prácticas en la formulación de políticas públicas. Para ello, ofrece un foro donde los gobiernos comparten experiencias, intercambian conocimientos y buscan de manera conjunta soluciones a problemas comunes y globales.