Comisión del Codex Alimentarius Normas incluyen la gestión de alérgenos alimentarios para los operadores de empresas alimentarias y frutas y hortalizas para facilitar su comercialización. La discusión y desarrollo de estas normas fueron realizadas por el Comité de Higiene de los Alimentos y de Frutas y hortalizas. La 43ª sesión de la Comisión del Codex Alimentarius (CAC43), realizada de manera virtual, aprobó oficialmente nuevas normas para proporcionar productos inocuos y de calidad en el mercado que garanticen la salud de los consumidores y las prácticas equitativas en el comercio. En esta aprobación destacan reglas para las empresas alimentarias y productores, sobre la gestión de los alérgenos alimentarios, este documento proporciona una orientación sobre su manejo en la producción de alimentos, evitando serias reacciones a las personas con alergias o intolerancia a determinado alimento. Existe una creciente preocupación por la gravedad de las alergias alimentarias y sus consecuencias para la salud, por ello este documento facilita un enfoque proactivo para la gestión de alérgenos en la producción de alimentos y aborda  controles para garantizar que se aplique correctamente su etiqueta. Este código, le permite a los países mantener un suministro continuo de alimentos seguros en un momento donde la pandemia por la Covid-19 ha destacado la necesidad de reforzar las buenas prácticas de higiene y las prácticas de gestión de los alérgenos alimentarios como complemento.   Oficina de Relaciones Públicas y Prensa Ministerio de Economía Industria y Comercio  

Iniciativa plantea cambios a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, para avanzar hacia una regulación moderna y flexible. Propuesta responde a acuerdo tomado en sesión de diálogo sobre “Reactivación Económica, Empleo Decente y Combate a la Pobreza” que pidió al Poder Ejecutivo atender de inmediato la simplificación de trámites. “Reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en la modernización del Estado, eliminando trabas y requisitos innecesarios que afectan la actividad económica del país y lastiman la confianza de las personas en las instituciones públicas”, declaró el presidente Alvarado. Este jueves, el presidente de la República, Carlos Alvarado, la ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Victoria Hernández y la diputada Silvia Hernández, presentaron el proyecto de reforma a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos (Nº8220). Este proyecto atiende a los acuerdos tomados durante las sesiones de diálogo multisectorial, en particular, en el eje de “Reactivación Económica, Empleo Decente y Combate a la Pobreza”, donde se solicitó al Poder Ejecutivo “atender de inmediato” la simplificación de trámites y la agilización de tiempos de respuesta, para impactar positivamente al sector productivo del país. En la actividad virtual de presentación de la reforma a la ley 8220, participaron también José Álvaro Jenkins, de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), y Enrique Egloff de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). “Con el respaldo a esta reforma, reiteramos el compromiso del Poder Ejecutivo de avanzar en la modernización del Estado, eliminando trabas y requisitos innecesarios que afectan la actividad económica del país y lastiman la confianza de las personas en las instituciones públicas”, subrayó el presidente Carlos Alvarado. Ministerio de Economía Industria y Comercio Oficina de Relaciones Públicas y Prensa

Por segundo año consecutivo, se realiza Índice de Capacidad Regulatoria Institucional (ICRI), para medir las condiciones municipales en Política Regulatoria. Se midieron 81 cantones y ocho Concejos Municipales de Distrito. Mitad de las municipalidades cumple con principios de mejora regulatoria Como ente rector en materia de mejora regulatoria y simplificación de trámites, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), realizó la II edición del Índice de Capacidad Regulatoria Institucional (ICRI), con el fin de evaluar la capacidad de gestión regulatoria de cada municipio, -es decir-, su desempeño para aplicar herramientas e instrumentos que permiten el mejoramiento, desarrollo y regulaciones. El ICRI, realizado por medio de la Dirección de Mejora Regulatoria, se aplicó a 81 municipalidades (no se midió Río Cuarto al ser nuevo) y ocho  Concejos Municipales de Distrito. El plazo de la medición fue del 01 de julio del 2019 al 30 de junio del 2020. Es importante indicar que, dado los cambios en la metodología los resultados no son comparables con la I edición. Dicha evaluación se realiza para las municipalidades a partir de 17 variables y 13 para los Concejos de Distrito, agrupadas en cuatro componentes: Institucionalidad, capacidad instalada que permite la dirección y aplicación de la Política de Mejora Regulatoria. Herramientas e instrumentos para la aplicación de los principios establecidos en la Ley 8220, Ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos. Acciones de simplificación para identificar avances en beneficio de la reducción de la carga administrativa para cumplir con los trámites por parte del ciudadano. Desempeño institucional que mide resultados asociados a la mejora regulatoria. Los resultados fueron agrupados en cinco categorías según los puntajes obtenidos en el índice general, lo que permitió construir un mapa de calor por cantón, constituido por cinco colores, donde verde representa mejor cumplimiento relativo, mientras que verde claro, amarillo, naranja y rojo representan un menor cumplimiento en la clasificación correspondiente. Esta edición dio como resultado que el 50% de los gobiernos locales obtuvieron un puntaje entre 34.2 y 47.7, -es decir-, la mitad no cumple con las condiciones evaluadas para la implementación de la mejora regulatoria.   Ministerio de Economía Industria y Comercio Oficina de Relaciones Públicas y Prensa